La situación que han padecido nuestros mayores en las residencias de ancianos ha sido terrible. Miles de muertes e infecciones, situaciones de ansiedad, soledad, abandono y desorientación. Trabajadores de los centros desbordados y gestores aterrorizados por la situación. Está todo ello pendiente de cuantificar con precisión, de analizar en forma adecuada y así extraer las lecciones para que no se repita.
El calamar huye y lanza tinta, esconde la realidad. Las reacciones de algunos dirigentes políticos recuerdan a la del calamar. Quizás peor, porque algunas instituciones practican la confusión, incluso la mentira como contrataque. La judicialización de muchas de estas situaciones empeorará sin duda la situación. Sería necesario mirar lo que ha sucedido en su conjunto, como la paloma, con su vuelo a una altura razonable, con mirada más humana y realista.
Las epidemias se desarrollan esencialmente a partir de tres componentes: el huésped (el anciano), el germen (un virus de gran infectividad), y finalmente el medio en que se desarrolla (las residencias). Tuvimos una chispa que cayó en terreno inflamable y que iba a prender un incendio de grandes dimensiones.
En las residencias geriátricas españolas a mediados de junio parece que se han producido 20.000 fallecimientos de ancianos, más del 70 % de las muertes atribuidas al COVID-19. Parece una alta concentración de la mortalidad que deberá ser revisada. Parte de estas muertes están confirmadas por analíticas, y parte simplemente con síntomas sospechosos de la enfermedad, ya que realizar pruebas fue muy difícil durante mucho tiempo. En nuestra opinión es aún prematuro efectuar análisis más detallados (sea por territorios, tipo de gestión del centro, u otras características de interés) para entender mejor lo ocurrido. Pero hemos de tener en cuenta que las residencias no están diseñadas para gestionar aislamientos, ni para medicalizar sus espacios, sino para la socialización y la convivencia. En este período los ancianos se vieron alejados de su entorno más familiar y amistoso, con consecuencias seguramente terribles. Conviene recordar que esta concentración de mortalidad se ha producido en todas nuestras comunidades autónomas, pero también en otros países de nuestro entorno como Italia y Francia.
La fragilidad -sensorial, motriz o mental- es consustancial al envejecimiento. La forma en que se responde a estos déficits y limitaciones, tiene en cambio un carácter eminentemente cultural y social. En nuestro entorno, a pesar del deseo generalizado de los ancianos de seguir viviendo en sus casas, esto no es factible en muchas ocasiones. Esta fragilidad también requiere que en los hospitales de agudos y centros de atención primaria de salud, se les preste una atención específica. El sector sociosanitario, irregularmente desarrollado en España, actúa como descompresor de los recursos sanitarios, y muestra tipologías y ofertas heterogéneas, aunque en general con escaso desarrollo.
En el sector social hay tres opciones diferenciados para gestionar los recursos de atención geriátrica: los consorcios públicos locales, el tercer sector social y la iniciativa empresarial. Los tres coinciden en atender a personas ancianas que no pueden vivir autónomas en la comunidad. Los consorcios públicos locales suelen gestionar los grandes recursos reconvertidos de origen público, el tercer sector social lo conforman asociaciones y fundaciones sin afán de lucro que aúnan trabajo profesional y voluntario en centros de tamaño heterogéneo, y la iniciativa empresarial gestiona residencias que van de las muy pequeñas y familiares a enormes centros con muchas plazas y servicios, financiadas por los usuarios o cofinanciadas por las administraciones públicas. En este contexto, las administraciones autonómicas disponen de recursos de inspección, control y seguimiento, en general poco desarrollados. Seguramente los tres ámbitos necesitan mejoras en profesionalización y recursos, ratios de personal técnico, coordinación con la atención primaria social y de salud, y programas de atención más centrados en la persona y menos en la productividad. Creemos que se debe potenciarse la red de consorcios públicos locales y de entidades sociales, que garanticen una gestión profesional y la reinversión de los recursos públicos en una mejor atención, y eviten las operaciones inmobiliarias o de rentabilidad económica sin valor para las personas.
La visión de paloma permite analizar los datos y fenómenos que se han producido. Revisar con cautela las variables asociadas al fenómeno, buscando antes el conocimiento que la culpabilidad. Implicando a todos en la definición del problema y, sobre todo, en sus soluciones. Señalaba hace unos días el presidente de la Sociedad Española de Geriatría, que hará falta más cercanía de los servicios al soporte a la dependencia, más integrados longitudinalmente desde el soporte domiciliario al centro de día, desde los pisos con servicios a las residencias más abiertas y transparentes. La idea de preguntar a las personas que han de ser atendidas cómo quieren ser atendidas es poderosa.
En los tres ámbitos de gestión de las residencias de ancianos –públicos y privados, sin lucro y con lucro- hay ejemplos de excelencia, en que el trabajo de los profesionales ha conseguido frenar la COVID-19; hay también ejemplos desgraciados que han sobrepasado los recursos de los profesionales y derrotado a sus gestores, provocando una hecatombe. En alguna actuación hay sospechas de que ha habido incumplimiento legal y engaños a familias o administración, por lo que las autoridades judiciales actúan. Convendrá no olvidar el contexto en que se produjeron esos hechos. Fallecidos que nadie venía a trasladar, bajas en más del 50 % de la plantilla, atención sanitaria que se requería pero que no llegaba, traslados hospitalarios difíciles de gestionar… Sin olvidar que el traslado al hospital no es siempre la mejor opción clínica (independientemente de si hubo indicaciones generales en ese sentido), una actitud paliativa y respetuosa al final de la vida puede ser la indicación más adecuada. En pleno desastre, algunas residencias ofrecieron a los familiares el retorno del anciano a su domicilio familiar, sin que sepamos en qué grado se aceptó.
El cuarto pilar del estado del bienestar sigue pendiente de su completo desarrollo, faltado de inversión profesional y presupuestaria. La aprobación de la Ley de Dependencia en 2006 generó grandes esperanzas, truncadas con los recortes por la crisis económica. Los sistemas sanitario y social han sido dos sistemas de espaldas, que debían desarrollarse de forma complementaria. Con esta complejidad, conviene razonar y definir las mejoras necesarias, en inversión de recursos, en gestión apropiada, con la mayor conexión con los recursos sanitarios, diseñando un funcionamiento apropiado de los centros y evaluando su funcionamiento, resultados y calidad, evitando una innecesaria medicalización.
R. Manzanera (sector sanitario), R. Nicolau (sector social)
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